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Reacciones de protesta en todo el mundo contra la suspensión del juez Garzón

15 mayo 2010

Las manifestaciones de apoyo al juez Garzón le han acompañado desde que se iniciara su proceso judicial

La decisión del Consejo General de Poder Judicial de suspender al juez Garzón por un presunto delito de prevaricación ha provocado reacciones de protesta en todo el mundo. ONGs y prensa internacional consideran una injusticia la suspensión cautelar de un juez que ha destacado por su lucha contra las dictaduras en España y Latinoamérica y contra el terrorismo.

La organización pro derechos humanos Human Rights Watch ha sido una de las muchas organizaciones que han lamentado la suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón, al que califican como responsable de que España se convirtiera “en un símbolo de justicia para las víctimas de todo el mundo”. “Ahora, la justicia misma se ha convertido en una víctima en España”, dice el consejero jurídico de la ONG, Reed Brody, en un comunicado enviado a la prensa. “El juez Garzón ha luchado por hacer justicia para las víctimas de graves atrocidades cometidas en el extranjero y ahora está siendo castigado por intentar hacer lo mismo en su propio país“, asevera Brody. “Los verdaderos crímenes aquí son las desapariciones forzadas y los asesinatos, no el intento del juez Garzón de investigarlos”, concluye el consejero jurídico de Human Rights Watch.

Del mismo modo se ha expresado Amnistía Internacional que considera “insólito que un magistrado pueda ser juzgado por buscar la verdad, la justicia y la reparación para más de 100.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura franquista.” Igualmente critican que se haya invocado la Ley de Amnistía de 1977 para perseguir al único juez que ha intentado dar respuesta a víctimas de desaparición forzada y sus familias. “Las leyes de Amnistía en un país no pueden entrar en contradicción con las normas internacionales de derechos humanos, y éstas dicen claramente que el crimen de desaparición forzada no es amnistiable, es imprescriptible, y que entorpecer su investigación es un delito”, dice la organización en una nota de prensa.

En nuestro país, las asociaciones de la memoria histórica también han calificado de “escándalo” la decisión del CPGJ. Para Emilio Silva, presidente de la Asociación Nacional para la Recuperación de la Memoria Histórica, el CPGJ está más “preocupado por la imagen del Supremo que por hacer justicia”, y señaló que su asociación seguirá “luchando” por la reparación de las víctimas del franquismo, porque “no es comprensible que, con 113.000 desaparecidos, estos delitos no puedan juzgarse”.

Para José María Pedreño, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la suspensión de Garzón pone en evidencia el “bajo perfil democrático del Estado español” y supone una “llamada de atención” para cualquier juez que piense en seguir con su investigación. “Esto muestra que cualquiera que hable o se meta o investigue el franquismo será perseguido“, añadió.

Por su parte, la prensa internacional también ha tratado con incredulidad e indignación esta noticia. “Una injusticia en España”, así de contundente se mostró este sábado The New York Times en su editorial. “A Garzón debería permitírsele regresar cuanto antes a su trabajo. España necesita una explicación honesta sobre su turbulento pasado, no la persecución de aquellos que tienen el coraje para demandarla”, defiende el rotativo neoyorquino. Y no es el único que ha salido en defensa del juez Garzón. El británico The Guardian informa de que el “juez de Pinochet” ha sido apartado temporalmente de la judicatura en lo que “parece un persecución por motivos políticos”. Garzón también ha recibido el apoyo de otros grandes de la comunicación mundial, que lo califican como “El juez de las cruzadas” (Times) o el “superjuez” (Le Figaro).

Lo que está claro es que Garzón cuenta con el apoyo de gran parte de la opinión pública internacional y de numerosas asociaciones pro derechos humanos, que ya están preparando más manifestaciones de apoyo al juez.

Ningún banco aprueba en Derechos Humanos y sostenibilidad

3 mayo 2010

De los 49 bancos analizados, ninguno se acerca si quiera al aprobado. La nota más alta es el 1,7 sobre 5 del Rabobank

La red internacional BankTrack ha elaborado un informe en el que evalúa a 49 bancos de 17 países según sus mecanismos para controlar la corrupción, la violación de derechos humanos, el fomento del cambio climático, el daño a los pueblos indígenas o las operaciones relacionadas con conflictos armados. Pues bien, ni uno sólo de esos bancos aprueba el examen, como informa Periodismo Humano. El banco con la puntuación más alta es el holandés Rabobank, con una media de 1,7 puntos sobre 5. Muy lejos, por tanto, del aprobado. Los siguientes en el ranking son HSBC (1,2), el ING (1,16) y el Santander y el WestLB (1,1). Y eso que el informe, presentado en España por la ONG Setem, no se basa en denuncias o casos concretos, sino en si se adaptan o no a los acuerdos internacionales para cada tema.

La lista incluye a los bancos españoles Santander y BBVA, pero también a otros que operan en nuestro país o en América Latina, como el Banco do Brasil, Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole, Rabobank, Deutsche Bank, ING Direct o HSBC. No se incluyen los denominados bancos sociales o banca ética.

En el caso del BBVA, el informe alarma sobre la falta de control y transparencia sobre las operaciones financieras que tienen que ver con la venta de armas. Además, se critica que la política medioambiental del banco sólo se aplique sobre sus operaciones como empresa física (sedes, transporte, etc) y no sobre el impacto de sus inversiones. El Banco Santander también saca un 0 en el control de operaciones en zonas en conflicto y se critica su relación con explotación de recursos naturales en connivencia con dictaduras militares como la de Myanmar.

Lo más destacado del informe es que:

1. Ninguno de los bancos analizados se acerca siquiera al aprobado. Ninguno tiene mecanismos de control o políticas internas para todos asuntos analizados.

2. Comparando con los datos del año 2007, hoy hay más bancos que desarrollan políticas de sostenibilidad. En 2007, era un 27%; en 2010, un 49%.

3. Los bancos que ni siquiera tienen el pudor de hacer como si algo de todo esto les importara son principalmente seis: Bangkok Bank, Banco de China, China Construction Bank, DekaBank, Banco Industrial y Comercial de China y Kasikornbank. Ninguno ha tomado ninguna iniciativa de regulación de su actividad para evitar los problemas analizados.

3. Sólo en unos pocos casos los bancos cumplen la mayor parte de los criterios de una buena política de sostenibilidad. Este es el caso de la política sobre cultivo forestal de HSBC (4 puntos) o la política sobre agricultura de Rabobank (3 puntos).

4. El tema que merece algo más de atención por parte de los bancos, según el informe, es el de los pueblos indígenas, con una puntuación media de 0,94. La puntuación más alta fue de 2 puntos para Morgan Stanley, JPMorganChase y Rabobank.

5. En la transparencia, los bancos han tenido una puntuación media de 1,5. Banco Bradesco, HSBC, ING Direct y Intesa Sanpaolo aprueban.

8. La calidad de las iniciativas tomadas contra el cambio climático “está por debajo de un mínimo aceptable” y faltan compromisos claros “en cuanto a la explotación de fósiles y centrales térmicas”. Todos suspensos.

9. En cuanto a corrupción, 37 bancos han tenido una puntuación de 1 punto por no haber adoptado acuerdos internacionales como por ejemplo para el control del blanqueo de dinero.

10. Entre las entidades de empresas de países emergentes, las tailandesas son las que peor nota se llevan. Los bancos chinos han mejorado algo con respecto a análisis anteriores, especialmente el Indusrial Bank, aunque están muy lejos de lo deseable.

Aquí el informe completo (en inglés)

La huelga de hambre de 7.000 presos palestinos no es noticia

12 abril 2010

Más de 7.000 presos palestinos están en huelga de hambre, ante la indiferencia de los medios de comunicación

Hace unos meses, la huelga de hambre de la activista saharaui Haidar inundó las pantallas de televisión y fue portada de numerosos medios de comunicación. Más recientemente, hemos vivido la tragedia de Orlando Zapata, disidente cubano que murió protestando por su encarcelamiento, o la lucha que aún mantiene otro preso cubano, Guillermo Fariñas, que han levantado numerosas protestas contra el régimen cubano por parte de organizaciones pro Derechos Humanos y ampliamente recogidas por los medios de comunicación. Sin embargo, existen otras muchas huelgas de hambres que no resultan tan mediáticas.

Es lo que denuncia la web Tercera Información que recuerda otros casos similares como la huelga de hambre que iniciaron estudiantes y trabajadores argentinos y que se cobró la primera víctima el pasado 28 de Marzo. Sin embargo, la muerte de Rubén Terzagui apenas tuvo difusión en los medios de comunicación españoles. Igual que la huelga de hambre que mantienen seis desempleados gaditanos, enclaustrados en el convento de Santo Domingo en Cádiz, agobiados por la falta de dinero para poder alimentar a sus familias. Una noticia que sólo ha aparecido recogida en el Diario de Cádiz y en el Insurgente.

En ambos casos se puede alegar que el número de huelguistas es reducido, o que no se trata de presos políticos, y por eso no se le da la cobertura mediática que han recibido otros casos similares. Pero, ¿qué ocurre cuando la protesta la protagonizan más de 7.000 presos, muchos de ellos políticos? El pasado día 7, la agencia de noticias EFE envió a los medios de comunicación una nota de prensa en la que se informaba de que 7.000 presos palestinos comenzaron este miércoles una huelga de hambre indefinida en protesta por su situación en las cárceles israelíes. Piden al gobierno de Israel que “cese de humillar” a sus familias en los puestos de control y puertas de acceso a prisiones. También exigen que se permita a centenares de familiares de Cisjordania, Jerusalén Este y árabes con ciudadanía israelí visitar a sus parientes encarcelados y que no han podido hacerlo porque Israel arguye razones de seguridad.

Pues bien. Del comunicado de EFE sólo se hacen eco a día de hoy buena parte de los llamados medios “alternativos”: Rebelión, Cubadebate, la mencionada Tercera Información, etc., mientras que entre los medios de comunicación privados encontramos la noticia sólo entre las páginas de Público y en el portal internacional de Telecinco, además de dos webs (Yahoo y Terra) en las que la información juega un papel secundario. Para el resto de los diarios españoles de gran tirada, radios y televisiones – a excepción de la web de TVEla noticia no existió el miércoles y aún hoy sigue sin existir…

¿Quién decide que una protesta es más mediática que otra? ¿Deberíamos pensar que las corporaciones mediáticas son selectivas según a quién se exija el cumplimiento de los derechos humanos, o que éste es, sin duda, otro buen ejemplo de cómo funciona la censura en las democracias occidentales?

El comercio de armas no está en crisis en España

9 abril 2010

Un soldado en Sri Lanka armado quien sabe si con material fabricado en España

Debe ser de los pocos comercios que no está viendo afectado sus beneficios por la situación actual, y es que la compra y venta de armas no entiende de crisis, sólo de muertes. Y a ello ayuda la política del Gobierno español, que en el último año y medio ha autorizado la venta de armamento a al menos 17 países donde se violan sistemáticamente los derechos humanos o donde existe un conflicto bélico latente o permanente. Partidas que incluyen aviones, misiles, buques de guerra, morteros, lanzallamas, granadas, minas y un largo etcétera de materiales construidos para matar.

Como denuncian varias organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional o Intermón Oxfam, el destino de estos materiales son países definidos como “muy preocupantes”. Dentro de este calificativo se encuentras países como Sri Lanka, que en 2009 vivió una nueva ofensiva del conflicto que mantiene el gobierno contra un movimiento insurgente; Tailandia, que en 2006 sufrió un golpe de estado del que aún quedan muchas secuelas; Marruecos, país fuertemente criticado por su política con el pueblo saharaui; o Guinea Conakry, que se encuentra ahora mismo dirigido por una Junta Militar que ha disuelto el parlamento. Todas estas transacciones se encuentran recogidas en un informe de análisis realizado por las organizaciones anteriormente mencionadas, en el que se pone de manifiesto la doble moral del Gobierno español.

En nuestro país, la venta de armas no se rige por las normas del libre mercado. Es decir, la fabricación de armamento y la negociación con sus compradores sí corresponde a empresas privadas, pero la venta sólo se produce si hay autorización directa del Gobierno. Por lo que la responsabilidad última de las consecuencias de este comercio recae sobre el Gobierno español. Este cuenta con una comisión, cuyas deliberaciones son secretas y cuyas decisiones se conocen hasta con un año de retraso, y que depende del Ministerio de Industria y de Comercio, no del de Defensa ni del de Exteriores.

En 2007 se promulgó una ley que regulaba la venta de armamento en nuestro país. Una ley que fue bien acogida por las organizaciones de derechos humanos porque, entre otras cosas, el artículo 8 explicita que las exportaciones no se autorizarán “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España.” Vamos a analizar por encima si se ha respetado esta ley.

Según las organizaciones sociales, las empresas españolas han ganado 15 millones de euros, con autorización del Gobierno no lo olvidemos, en la venta de armas “de caza” y munición a Ghana. Estas mismas organizaciones consideran que hay un “preocupante desfase” entre las estadísticas oficiales y los registros aduaneros y temen que las armas exportadas a Ghana puedan terminar en países vecinos con altísimo riesgo de una escalada de violencia, como Nigeria, Níger o Togo.

Más preocupante es el caso de Sri Lanka. En mayo de 2009, la ofensiva militar final del Gobierno contra la insurgencia tamil dejó por el camino siete mil civiles muertos y trece mil heridos, ejecuciones, torturas, reclutamientos forzoso y violencia sexual. “Esto es con diferencia lo más atroz que he visto”, dijo el secretario General de la ONU Ban Ki-moon cuando visitó algunos de los campos de los cientos de miles de refugiados. La eclosión de violencia en Sri Lanka no ocurrió de la noche a la mañana, pero el comercio de armas de España con este país no se detuvo hasta mayo. De enero a mayo, España autorizó 1,1 millones de euros en exportaciones de “bombas, torpedos, cohetes y misiles” a Sri Lanka. “No tiene sentido solo cesar las autorizaciones de las exportaciones cuando hay una ofensiva grave y mediatizada”, denuncian las ONG, “sin haberse cuestionado anteriormente el haber alimentado durante años el conflicto con exportaciones de material de defensa”.

Igualmente, España autorizó en los primeros meses de 2009 la venta de armas y cartuchos de escopeta por valor de 2,4 millones de euros a Guinea Conakry, donde en 2008 hubo un golpe de Estado condenado por toda la comunidad internacional, incluída la Unión Africana, con masacres que se cebaron especialmente con brutalidad contra las mujeres. En septiembre de 2009, con parte de las armas españolas ya en circulación, la policía mató a 150 personas en una manifestación, que obligó a la UE a suspender la venta de armas a este país. Para las organizaciones sociales, España y otros países han hecho “caso omiso del preocupante historial de las fuerzas de seguridad guineanas, que ha empeorado si cabe desde el golpe de estado de 2008″.

También podríamos sumar a esta lista a Marruecos, comprador habitual de armas a España que luego utiliza en su permanente conflicto con el Sáhara Occidental; Cuba, a donde han ido a para 0,5 millones de euros en materiales antidisturbios; Colombia, acusada por las ONG de grandes violaciones y abusos contra los derechos humanos en el conflicto que enfrenta a fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilleros, y a la que Espala vendió bombas, torpedos, misiles y aviones por valor de 142 millones de euros; y otros muchos países preocupantes como Israel, Irán, Turquía, Venezuela o Angola.

Viendo las exportaciones realizadas por España el último año, ¿alguien piensa que la comisión ha cumplido con esta ley?  Por ello, lo que piden las ONG es que se explique en qué se ha basado España para decidir que todas estas operaciones cumplían lo acordado y en qué informes o fundamentos internacionales se asientan las decisiones. Si es que realmente existe una razón lógica para fabricar y vender muerte.

Información extraida de Periodismo Humano.

Cuarto asesinato de un activista en Guatemala anti Unión Fenosa-Gas Natural

18 febrero 2010

Protesta en Guatemala contra la presencia de la multinacional Unión Fenosa-Gas Natural

Ecologistas en Acción ha denunciado un nuevo asesinato de un activista guatemalteco que protestaba por las actuaciones de la multinacional Unión Fenosa-Gas Natural en su país. Octavio Roblero, dirigente del FRENA (Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales), fue asesinado el pasado 17 de Febrero, en torno a las 18.00, hora local. Varios desconocidos le dispararon a quemarropa desde un coche cuando la víctima se encontraba frente a su puesto de negocio.

Octavio deja una esposa y dos hijos y se convierte en la cuarta persona asesinada que luchaba contra la presencia Unión Fenosa-Gas Natural en Guatemala. Su nombre figuraba en una lista de personas amenazadas de muerte que pidieron protección a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala el pasado 20 de Enero.

Ecologistas en Acción ha exigido una investigación jurídica que aclare si estos asesinatos tienen relación con la lucha contra la multinacional española. Igualmente, ha vuelto a pedir a Unión Fenosa-Gas Natural que abandone el país y devuelva los recursos energéticos al pueblo guatemalteco.

Estos asesinatos se suman a las amenazas de muerte que han sufrido activistas de Derechos Humanos en este páis centroamericano y que ya denunciaba hace unos meses Amnistía Internacional.

Aminatu Haidar y otros 8 activistas saharauis siguen viviendo el acoso de Marruecos

21 enero 2010

Aminatou ya no aparece en los informativos pero sigue sufriendo el acoso de las autoridades marroquíes

Hace apenas un mes celebrábamos la vuelta a casa de la activista Aminatou Haidar, tras 34 días de huelga de hambre en nuestro país. Sin embargo, esta felicidad se ha transformado en preocupación a tenor de la información que nos llega desde Amnistía Internacional. Una vez que los focos mediáticos han desaparecido de su vida diaria, Aminatou, que sigue recuperándose en su casa de El Aaiún, vive bajo vigilancia constante por parte de la policía marroquí, que impide que nadie la visite y dificultando que retome su vida normal y su trabajo de defensa de los derechos humanos.

Pero el caso de Aminatou sólo es la punta del iceberg, la cara visible y mediática de un problema que afecta a muchas personas que no pueden ejercer su derecho a expresarse pacíficamente en Marruecos. Así, las autoridades de este país han detenido a otras ocho personas que defendían pacíficamente la autodeterminación del Sáhara Occidental. Ahmed Alnasiri, Brahim Dahane, Yahdih Ettarouzi, Saleh Labihi, Dakja Lashgar, Rachid Sghir y Ali Salem Tamek fueron detenidos el 8 de octubre a su regreso de Argelia, donde habían visitado los campamentos de Tinduf, dirigidos por el Frente Polisario. Son todos miembros de reconocidas organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. Los siete se enfrentan en un tribunal militar a varios cargos relacionados con el menoscabo de la seguridad interior y exterior del Estado, incluidos los ataques contra su “integridad territorial”. Podrían ser condenados a muerte si se les declarara culpables.

Además de ellos, Idriss Chahtane, director de la publicación semanal Almichaal, fue detenido el 15 de octubre tras publicar un artículo sobre la salud del rey Mohamed VI. Declarado culpable de difundir información falsa con “intención maliciosa” en relación a este artículo, el tribunal ordenó su prisión inmediata, a pesar de que la defensa había recurrido contra el fallo. Idriss Chahtane está recibiendo además un trato punitivo en la cárcel: lo mantienen en régimen de aislamiento, lo obligan a dormir en el suelo con unas mantas como único colchón y, en varias ocasiones, no le han permitido pasar tanto tiempo al aire libre como otros reclusos.

Por todos ellos, Amnistía Internacional ha iniciado una campaña de recogida de firmas para denunciar su situación y exigir al gobierno marroquí su inmediata liberación. Si quieres apoyar esta iniciativa, sólo tienes que rellenar el siguiente formulario de Amnistía Internacional.

Estas Navidades, regala tus palabras

24 diciembre 2009

Una de las ilustraciones, creadas por Manel Fontdevilla, para llevar las palabras de solidaridad a los presos

Amnistía Internacional ha puesto en marcha una curiosa campaña para estas fechas. Consiste en regalar palabras de ánimo a los presos de conciencia que pasarán estas Navidades encarcelados por el único delito de expresar su opinión o defender sus ideales. La iniciativa pretende infundirles ánimos y regalarles palabras de solidaridad, en idiomas que quizá no comprendan, pero que les apoyará moralmente y les ayudará a comprender que no están solos en su lucha contra la injusticia. Los mensajes, además, cumplirán una función de protesta, pues servirán para alertar a las autoridades de que las víctimas están siendo apoyadas por mucha gente de todo el mundo.

La campaña se centra este año en tres presos de conciencia, el padre vietnamita Nguyen, el abogado sirio Anwar y la activista iraní Ronak.

El sacerdote católico, Padre Nguyen Van Ly de 63 años, está encarcelado desde marzo de 2007 cumpliendo una condena de ocho años de prisión y cinco de arresto domiciliario por sus actividades a favor de la democracia en Vietnam. Fue acusado de realizar actividades de ‘propaganda contra el Estado’ porque hallaron en su casa ordenadores, impresoras, teléfonos, tarjetas SIM y documentos ‘reaccionarios’. Cofundador del movimiento pro democracia “Bloc 8406” y fundador del partido político Vietnam Progresión –que aboga por la democracia y los derechos humanos–, tiene una larga trayectoria de activista como opositor. Su juicio fue injusto y, durante el mismo, estuvo amordazado. El Padre Ly ya había pasado previamente 15 años en prisión por su defensa de la libertad de culto y críticas al Gobierno. Su estado de salud es precario.

Anwar al-Bunni, abogado sirio especializado en la defensa de presos de conciencia, cumple una condena de cinco años por diseminar “información falsa que perjudica al Estado”, al parecer por criticar los presuntos malos tratos que provocaron la muerte de una persona bajo custodia policial. Dirigente de una organización de derechos humanos, participó en La Declaración Beirut-Damasco, una petición firmada por unas 300 personas de Líbano y Siria a favor de una mejora de relaciones entre ambos países. El juicio tuvo lugar en abril de 2007. Fue injusto y estuvo motivado por razones políticas. Al-Bunni ha sufrido agresiones por parte de los guardias en la cárcel. Desde la prisión continúa abogando por la instauración de políticas de derechos humanos en Siria y la mejora de las condiciones carcelarias.

Por último, Ronak Safarzadeh, kurda iraní, cumple una condena de seis años desde 2008 tras ser acusada de “enemistad con Dios”; un delito que puede estar penado con la pena de muerte. Ronak es miembro de la organización Campaña por la Igualdad, que tiene como objetivo reunir un millón de firmas de iraníes para pedir el fin de la discriminación legal de las mujeres, y de la ONG Organización de Mujeres Azar Mehr de Sanandaj, que está afiliada a la Campaña por la Igualdad. Su juicio, que empezó a mediados de marzo 2008, ni siquiera ha concluido. Ronak Safarzadeh sufre depresión y su salud mental está muy afectada por el tiempo que está pasando en la cárcel.

Esta no es la primera vez que Amnistía Internacional lleva a cabo una campaña similar. En la última década, esta asociación ha llevado palabras de solidaridad a 37 presos de conciencia cuyo único delito ha sido ejercer pacíficamente su derecho a pensar y manifestarse libremente. De esos 37 presos, 22 ya han sido puestos en libertad, 2 de ellos este mismo año. Por eso es tan importante que nuestras palabras rompan los muros de la injusticia y la distancia y les lleven a estas personas un mensaje de ánimo y solidaridad y a los que los mantienen presos una protesta firme de que no aceptaremos más injusticias.

Camerún planea despenalizar la homosexualidad

3 diciembre 2009

Actualmente en Camerún la homosexualidad se condena con hasta 6 años de prisión

La comunidad homosexual está de enhorabuena. Cada vez son más los países que reconocen sus derechos. El último puede ser Camerún, cuyo presidente, Paul Biya, tiene previsto despenalizar la homosexualidad el próximo 10 de Diciembre, cuando se cumplen 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

En esta decisión ha influido especialmente las más de 10.000 firmas recogidas por activistas en una campaña promovida por la organización Prodhop and Alternatives Cameroon, que ha contado con el apoyo de numerosos periodistas y líderes políticos y sociales del país. El secretario de la organización, Ngo Mbe, se mostraba muy satisfecho por la acogida de la campaña, ya que “algunos políticos y personalidades públicas como abogados y miembros de la sociedad civil dieron la bienvenida a nuestra petición.”

Mbe, sin embargo, lamentó la indiferencia de los sectores religiosos. “Ningún líder religioso expresó su opinión, ni en contra ni a favor. Y deploramos la actitud de la Iglesia Católica de Douala, que organizó una manifestación para protestar contra la despenalización de la homosexualidad”, comentó el activista.

Actualmente, el Código Penal de Camerún prescribe una pena de hasta 6 años de cárcel a quienes practiquen relaciones sexuales consentidas con otro adulto de su mismo sexo.

Sin embargo, aún quedan muchos países que persiguen y condenan la homosexualidad. Amnistía Internacional denunciaba el pasado verano que en países como Arabia Saudí, Irán, Mauritania, Qatar, Sudán, Yemen y algunos estados de Nigeria, las relaciones sexuales con una persona del mismo sexo pueden llegar a castigarse con la pena de muerte. En otros muchos países se consideran ilegales, con condenas que oscilan entre los 14 años de prisión de Gambia, a los de 1 a 3 años de Marruecos y Egipto.

Camerún ya ha dado el primer paso para reconocer los derechos de los homosexuales, pero aún quedan muchos países, muchos de ellos africanos, en los que la libertad sexual es perseguida y condenada.

Aún quedan muchos países en África donde la homosexualidad es considerada un delito

Los “muros de la vergüenza” que aún quedan en pie

9 noviembre 2009

Un niño señala una grieta en el extinto muro de Berlín

El 9 de Noviembre de 1989 caía uno de los símbolos que más vergüenza ha provocado a la humanidad: el muro de Berlín, también bautizado como “muro de la vergüenza”, caía derribado por una marea popular que, armados con los medios a su disposición (martillos, picos, etc), ponían fin a casi tres décadas de incomprensible división. El mundo se felicitaba por el fin de una barrera que había dividido un país, separado a familias enteras y provocado la muerte de cientos de personas.

Hoy se cumplen 20 años de la caída de ese muro, pero para vergüenza de la humanidad sólo hace falta echar un vistazo al mundo para comprobar que sigue poblado de injustas barreras que siguen dividiendo pueblos y sembrando el terror entre sus habitantes. Desde México a Cisjordania, pasando por el Sáhara, Corea o nuestro propio país, que tampoco se libra de esta lista negra. Las razones para su construcción son múltiples, y en ocasiones, muy similares. Los gobiernos se justifican alegando que cumplen la función de combatir la violencia o evitar la inmigración ilegal; pero el resultado que consiguen es separar y atemorizar pueblos y familias, y provocar la muerte de inocentes que sólo buscan una vida mejor o simplemente sobrevivir.

En el aniversario de la caída del muro de Berlín, que trajo el optimismo de inaugurar una nueva era mundial, nos hacemos eco de un reportaje de la BBC sobre los muros que siguen provocando la vergüenza a lo largo y ancho de nuestro planeta.

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El ejercito israelí deja sin agua a la población palestina

6 noviembre 2009

Con la excusa de la construcción de un muro de seguridad en la zona de Cisjordania, el ejército israelí lleva años destruyendo viviendas en los territorios ocupados palestinos. La última medida de presión que está utilizando el estado de Israel para que la población palestina abandone la zona ha sido cortar el suministro de agua, dejando a cerca de 200.000 personas en comunidades rurales palestinas sin agua corriente.

Este es el tema de la última campaña de Amnistía Internacional, que denuncia que el pasado 4 de junio el ejército israelí destruyó las casas de 18 familias en Ras al-Ahmar, una aldea palestina del valle del Jordán, confiscando los medios que tenían para almacenar y transportar agua. El resultado: más de 130 personas, muchos niños y niñas, se quedaron sin un techo ni suministro de agua en la época más calurosa del año.

Si extendemos estos datos al total de la franja de Gaza las cifras son desoladoras: el 90% del suministro de agua de esta zona está contaminado, y el gobierno israelí prohíbe a los habitantes a trasladar agua desde Cisjordania a Gaza. Ni siquiera les permite recoger agua de lluvia para subsistir. La mala gestión del agua por parte de la Autoridad Palestina todavía empeora la situación de escasez.

Desde hace más de cuatro décadas de ocupación, Israel niega a la población palestina el derecho al agua al ejercer el control total de los recursos hídricos comunes y aplicar duras restricciones y políticas discriminatorias. La escasez crónica de agua afecta a aspectos cruciales de la vida de la población palestina, como la higiene, las actividades agrícolas e industriales y la ganadería.

Estos son algunos datos que demuestran el atropello diario que sufre la población palestina:

•    Israel consume más del 80% del agua del acuífero de la montaña de Cisjordania, frente al 20 % de la población palestina.
•    El consumo diario de agua palestino apenas alcanza los 70 litros por persona (la OMS recomienda un mínimo de 100 litros), frente al consumo israelí de más de 300 litros al día.
•    Entre 180.000 y 200.000 personas de comunidades rurales palestinas no tienen acceso a agua corriente, a pesar de lo cual el ejército israelí les impide incluso recoger el agua de lluvia.
•    Los alrededor de 450.000 colonos disfrutan de tanta o más agua que los 2,3 millones de palestinos. Los colonos israelíes tienen cultivos de riego intensivo, jardines y piscinas.
•    En la Franja de Gaza, alrededor del 90% del agua de su único recurso hídrico, el acuífero costero, está contaminada pero Israel no permite llevar agua de  Cisjordania a Gaza.

El agua es una necesidad básica y un derecho. Por eso, exigimos que Israel ponga fin a sus políticas discriminatorias, levante de inmediato todas las restricciones que impone al acceso de los palestinos al agua y permita a la población palestina hacer uso de la parte de los recursos hídricos comunes que les corresponde.

Firma para exigir al gobierno israelí que respete el derecho al agua de la población palestina.